WASHINGTON — Defensores de inmigración hablaron en contra de una decisión del Departamento de Seguridad Nacional de terminar el Estado de Protección Temporal (conocido como TPS) que afectará a 2,500 nicaragüenses que han estado en Estados Unidos casi 20 años.
Durante una llamada con reporteros el 7 de noviembre ellos también lamentaron que Elaine Duke, la secretaria interina de Seguridad Nacional, dijo que necesitaba seis meses más para llegar a una decisión sobre el TPS para 57,000 hondureños, diciendo que necesita más tiempo para determinar si ellos pueden permanecer en Estados Unidos debido a las condiciones sociales y económicas adversas en su país.
Randolph P. McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services en la Arquidiócesis de Miami, dijo que la ley estadounidense debe ser implementada con cierto nivel “de bondad y compasión” y que enviar personas a países que no están preparados para recibirlos hará mucho más daño que bien.
Él pidió a legisladores en el Congreso y a la administración del presidente Donald Trump que reconocieran que los nicaragüenses, los hondureños y otros participantes en el TPS son miembros que aportan a sus parroquias, vecindarios y lugares de trabajo.
Los defensores, de varias agencias, dijeron que en vez de terminar el TPS, el Congreso debería desarrollar un plan legislativo para permitir que los nicaragüenses, hondureños y otros se queden en Estados Unidos permanentemente en nombre de la unidad familiar y que ellos son importantes para la edificación de la sociedad estadounidense.
Ellos pidieron que el TPS sea extendido cada 18 meses, como lo requiere la ley del momento, hasta que el Congreso llegue a un arreglo legal.
La designación de TPS es para los que han venido a Estados Unidos desde ciertos países debido a desastres naturales, conflicto armado, violencia criminal u otras condiciones extraordinarias. Este autoriza empleo y protección contra la deportación para unas 320,000 personas de 10 países.
El obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas, director del Comité sobre Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, apoyó la extensión del TPS por seis meses para los hondureños.
El obispo dijo el 8 de noviembre que “se hizo lo co-rrecto” mientras los funcionarios estudian la situación en el país.
“Los (beneficiarios) de TPS tienen lazos profundos con nuestras comunidades, parroquias y el país”, dijo el obispo. “Son dueños de negocios, profesionales con éxito, dueños de casas, padres de ciudadanos estadounidenses y, más importante, hijos de Dios. Tenemos que encontrar una solución para estos individuos y sus familias y estamos listos para apoyar el Congreso en su esfuerzo para hacerlo”.
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