Por David Agren
Catholic News Service
CIUDAD DE MÉXICO — Directores de albergues católicos para migrantes rechazaron una caracterización del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que habían mal administrado fondos gubernamentales, y se defendieron diciendo que ellos han sobrevivido por donaciones y la buena voluntad de personas generosas.
También dijeron que están haciendo el trabajo en cual el gobierno ha sido negligente, a medida que olas de migrantes pasaban por el país y miles de personas en búsqueda de asilo político se veían forzadas a esperar en el lado mexicano de la frontera hasta que sus casos se escucharan en los tribunales de Estados Unidos.
“El gobierno no ayuda a nadie”, dijo el padre Pat Murphy, director del albergue Scalabriniano en Tijuana. “Antes daban”--en administraciones pasadas-- “pero el gobierno mexicano ha cortado toda la ayuda que nos solía conceder”.
La hermana Scalabriniana Leticia Gutiérrez, antigua secretaria ejecutiva de la pastoral de movilidad humana de los obispos mexicanos, añadió en las redes sociales: “Nunca hemos recibido dinero del gobierno. Los albergues para migrantes son independientes y autónomos. Vivimos de la solidaridad de la gente y de la solidaridad del extranjero. No nos subvenciona ninguna autoridad política”.
López Obrador desató la tempestad en una conferencia de prensa del 17 de junio, cuando respondió afirmativamente a una pregunta sobre si los albergues de migrantes serían operados por el gobierno.
Prometió abrir muy pronto albergues para migrantes y también acusó a organizaciones a las que no nombró de apropiación indebida de fondos públicos.
“Hay casos que se pueden probar de dinero que se entregó a organizaciones para beneficiar a migrantes y no llegó el dinero”, dijo.
La controversia sobre fondos para migrantes surgió después de que México hiciera un trato con los Estados Unidos a principios de junio para evitar un incremento de aranceles en las exportaciones. A cambio, México prometió enviar a 6,000 miembros de su recién constituida Guardia Nacional --una fuerza policial militarizada -- a la frontera sur para frenar el flujo de migrantes.
López Obrador ha defendido su trato con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, diciendo que ha preservado 1.2 millones de puestos de trabajo y evitado una guerra comercial, en un momento en que la economía de México mostraba señales de desaceleración. Una encuesta publicada el 12 de junio en el periódico El Universal, mostraba que 61.5 por ciento de los mexicanos están de acuerdo en que “el gobierno de México debería impedir el paso de migrantes que tratan de entrar en el país sin los documentos requeridos”.
El presidente ha hablado de “pobreza franciscana” en su enfoque del gobierno que es tan austero que él mismo aceptó un corte de un 60 por ciento en su salario después de asumir su posición el 1 de diciembre. Su compromiso de limitar la corrupción ha significado el corte de fondos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las que ha acusado de ser “lujosas” y administrar mal los fondos gubernamentales.
El padre Murphy dijo que el albergue Scalabriniano acostumbraba a recibir fondos por medio de un programa federal del gobierno; el dinero se usaba para alimentar a los migrantes y pagar electricidad y agua.
Algunas de las organizaciones que recibían dinero en Tijuana no estaban trabajando en temas de migrantes, dijo. Pero añadió: “Tenemos que presentar unas cuentas muy estrictas del dinero que recibimos”.
Los gestores de albergues para migrantes dijeron que la sociedad civil tradicionalmente ha cuidado de los migrantes que pasan por México, a menudo frente a la indiferencia, o incluso la hostilidad del gobierno.
Dijeron que abrir albergues no es una empresa fácil. La mayoría de los albergues toman precauciones para cerrar la entrada a traficantes de seres humanos y asegurarse de que las poblaciones vulnerables están protegidas dentro de su propiedad. A veces proporcionan atención médica, servicios legales y apoyo espiritual a los migrantes.
Anteriores intentos de albergar a los migrantes -- como las caravanas a finales de 2018 -- demostraron ser difíciles para los oficiales del gobierno, que no procuraron la asesoría de los operadores de albergues, dijeron.
“Porque no solo es comida y ropa, es buscar las ayudas, escuchar al migrante, atenderlo físicamente y psicológicamente”, dijo el hermano dominico Obed Cuéllar, director del Albergue Digno de Piedras Negras, frente a Eagle Pass, Texas. “El gobierno solo verá números y ya”.
Bajo el tratado entre Estados Unidos y México, el plan conocido como “Quédate en México” regresará a más migrantes al sur de la frontera a esperar sus auditorías de asilo en los tribunales de los Estados Unidos. Los gestores de albergues mexicanos dicen que grupos de la sociedad civil y la Iglesia Católica han acogido a más de 10,000 migrantes ya regresados a las ciudades fronterizas, sin que el gobierno federal haga mucho para ayudar en la situación.
“Hay 25 ‘casas’ en Tijuana, pero están todas bastante llenas”, dijo el padre Murphy. “Muchas de ellas no tienen suficiente personal. No tienen fondos para seguir funcionando. Cada vez es más difícil, ya que la gente tiene que esperar aquí cada vez más tiempo”.
El liderazgo de la conferencia episcopal mexicana se reunió el 17 de junio con López Obrador para tratar sobre la inmigración. El arzobispo Rogelio Cabrera de Monterrey, presidente de la conferencia, dijo a los reporteros que los albergues para migrantes de la iglesia están “agobiados”, aunque considerarían abrir más casas para alojar a los migrantes.
En una declaración publicada algo más tarde el mismo día, los obispos dijeron: “La criminalización y estigmatización de migrantes y defensores de los derechos humanos son preocupaciones que se le expresaron al presidente.”
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