Por Rhina Guidos
Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) -- Mientras la Iglesia Católica en los Estados Unidos comenzaba a observar la Semana Nacional de Migración, tiempo para reflexionar sobre lo que enfrentan migrantes, inmigrantes, refugiados y víctimas de la trata de personas, la administración del presidente Donald Trump anunció que terminaría un programa de inmigración para miles de salvadoreños, uno de los grupos más grandes de inmigrantes al país y uno que incluye a muchos católicos.
Más de 200,000 salvadoreños han beneficiado de un estatus migratorio especial en los Estados Unidos ahora enfrentan la posibilidad de quedarse ilegalmente en el país o regresar a una nación designada como una de las más peligrosas del mundo que no está en guerra, después de que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por su siglas en inglés) anunció el 8 de enero que estaba poniendo fin al programa Temporary Protection Status, conocido como TPS, después del 9 de septiembre de 2019.
“La decisión de terminar el TPS para El Salvador se tomó después de una revisión de las condiciones relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original del país y en una evaluación de si esas condiciones continúan existiendo según lo exige la ley”, señaló el DHS en un informe.
Salvadoreños afectados pueden tratar de quedarse bajo un programa diferente, si califican, o deben hacer planes para regresar a su país de origen, dijo DHS.
Ciudadanos de El Salvador pudieron solicitar TPS en 2001 después de una serie de terremotos. TPS da un permiso de trabajo y un aplazamiento de la deportación a ciertas personas cuyos países han experimentado desastres naturales, conflictos armados o situaciones excepcionales, para permanecer temporalmente en los Estados Unidos. El Salvador había recibido previamente la designación hace más de dos décadas cuando miles de salvadoreños huyeron a los Estados Unidos en busca de refugio durante la guerra civil.
Grupos que apoyan a los salvadoreños dijeron que a los beneficiarios de TPS se les debería permitir quedarse porque han formado familias y están firmemente enraizados en comunidades de fe, y en otras comunidades locales de Estados Unidos.
Obispos católicos y organizaciones católicas han expresado preocupación por la situación que les espera a los salvadoreños que se verán obligados a regresar a un país inestable afectado por el crimen de las pandillas y uno que ha sido designado por varias organizaciones como uno de los lugares más peligrosos del mundo. Dicen que El Salvador no puede tomar cargo de una gran repatriación.
“Nuestra experiencia trabajando con la Iglesia Católica y otros actores locales en El Salvador nos dice que el gobierno salvadoreño no tiene la capacidad humanitaria adecuada para recibir, proteger o integrar de nuevo a la sociedad, de forma segura, a tanta gente “, dijo Catholic Relief Services en un comunicado publicado después de que la decisión se anunciara.
Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, organización con sede en Texas, dijo que la decisión de la administración iba a crear 200,000 “inmigrantes indocumentados” más en los Estados Unidos.
“Hoy, la administración de Trump pone innecesaria y cruelmente en peligro la seguridad de las familias y las vidas de más de 200,000 beneficiarios de TPS salvadoreños, que incluyen a más de 35,000 personas en Texas. Deportarlos significará desarraigar y destruir familias y medios de subsistencia y de enviar dinero a familias viviendo en pobreza y violencia en una de las regiones más peligrosas y volátiles del mundo”, dijo Corbett.” Y no se equivoquen, nosotros como estadounidenses a través de nuestras políticas … y debido a nuestro apetito insaciable por las drogas, estamos moralmente implicados en la crisis en El Salvador y Centroamérica”.
Una gran preocupación para las organizaciones y para líderes católicos son los 192,000 hijos nacidos en Estados Unidos de las familias salvadoreñas con TPS.
“Esta es otra decisión mal concebida por una administración que ignora las inmensas contribuciones a nuestro país por parte de los inmigrantes y que ha perdido de vista la larga historia de Estados Unidos como un refugio seguro para las personas que huyen del peligro en el extranjero “, dijo el Obispo Kevin W. Vann de Orange, California, presidente de la junta de Catholic Legal Immigration Network, Inc., con sede en Maryland. “La administración no explica cómo esta acción hace que Estados Unidos esté más seguro, expulsando a las personas que han estado viviendo y trabajando legalmente como valiosos residentes de nuestro país. En lugar de quitarles protección, nuestro gobierno debería darle la bienvenida a estos miembros establecidos en nuestras comunidades y encontrar formas de darles un camino permanente hacia la residencia”.
En una declaración, el obispo Joe S. Vasquez de Austin, Texas, presidente del Comité de Migración para la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, dijo que la decisión de la administración fue algo que quiebra el corazón.
“Creemos que Dios nos ha pedido cuidar al extranjero y a los marginados ... Nuestra nación no debe darle la espalda a los que han beneficiado de TPS y sus familias, ellos también son hijos de Dios”, dijo en un comunicado.
El Centro de Estudios de Migración en Nueva York dijo que el 88 por ciento de los beneficiarios de TPS salvadoreños tienen trabajo, muchos son propietarios de viviendas y, por lo general, han vivido en los Estados Unidos por un promedio de 21 años. Devolverlos a El Salvador sería desestabilizarlos, dijo Donald Kerwin, director ejecutivo del centro, en un comunicado.
“La decisión de hoy crea muchos perdedores” y nadie gana, dijo.” Los perdedores incluyen a los beneficiarios de TPS, sus empleadores, sus hijos ciudadanos estadounidenses, sus comunidades en los Estados Unidos, El Salvador y la economía de Estados Unidos. La ley también pierde ya que la decisión pondrá a los inmigrantes legales que trabajan duro junto con personas sin estatus y forzará a los beneficiarios de TPS y sus hijos estadounidenses a regresar a comunidades llenas de violencia y sin buenas perspectivas económicas”.
Ricardo Calderón, del Centro de Recursos de Centroamérica en San Francisco, dijo a Catholic News Service que los salvadoreños afectados han sufrido algo parecido a la “tortura psicológica” por todo lo que aguantaron mientras esperaban la decisión de la administración.
Muchos han sentido enojo, preocupación e incertidumbre, preguntándose qué les sucederá a sus hijos aquí y a sus familiares en el extranjero que dependen de ellos. Algunos están luchando por comprender la decisión ya que hay mucha información incierta, dijo.
Aunque las condiciones que llevaron a la designación de TPS para El Salvador pueden haber mejorado, no tiene sentido ignorar las condiciones que continúan en el país y que les afecta a quienes les toca enfrentarlas: la falta de empleo, el crimen desenfrenado y una larga lista de males sociales, dijo Calderón.
La red Ignatian Solidarity Network, con sede en Ohio, dijo que regresar, para muchos salvadoreños, significa volver al peligro.
Conociendo la realidad de los salvadoreños con TPS, a través de las historias de personas en la red ignaciana, mujeres y hombres de todas edades, estudiantes, profesores, colegas, feligreses, ellos “enfrentan a un futuro de incertidumbre y grave riesgo para si mismos y sus familias mientras contemplan un retorno a la violencia y la impunidad en El Salvador,” dijo la organización en un informe.
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