CIUDAD DE MEXICO, México — Casi una década después del asesinato de 72 migrantes en un rancho en el noreste de México, los líderes de la iglesia y los operadores de refugios para migrantes exigen una vez más que las autoridades investiguen adecuadamente uno de los delitos más notorios del país.
Los “pastores y defensores de migrantes” también pidieron a los funcionarios mexicanos que se haga justicia a las familias de las víctimas de la masacre, que tuvo lugar en un rancho cerca de la ciudad de San Fernando, situada a unas 90 millas al sur de la frontera con Texas. Allí, hombres armados, con conexiones al narcotráfico, asesinaron a los migrantes secuestrados, quienes se negaron a trabajar para ellos.
“Desde hace 10 años la investigación no presenta avances. No se han emitido sentencias condenatorias. No hay acciones de investigación científica ni análisis de contexto, no hay investigación transnacional, las familias siguen esperando el esclarecimiento y responsabilidades, no existe continuidad en una línea de investigación”, expuso un comunicado firmado por el obispo Enrique Sánchez Martínez de Nuevo Laredo, director de ministerios sociales de la provincia eclesiástica noreste y albergues para migrantes en tres estados.
“Más allá de la masacre de San Fernando, cuyo memorial lleva ya 10 años, además de acompañar a las familias de las víctimas que buscan justicia y reparación ética, digna, y estructural del daño, demandamos a las autoridades competentes tomar en serio la grave situación que guardan los derechos humanos, a fin de que los múltiples escenarios de violencia nunca más se repitan.”
La masacre de San Fernando causó indignación en México (y también internacionalmente), resaltando el creciente poder y crueldad de los cárteles de la droga y el crimen organizado, que en ese momento se estaba moviendo hacia actividades ilegales como la trata de personas y el secuestro de migrantes para pedir rescate.
Los miembros de Los Zetas, un cartel fundado por ex fuerzas especiales mexicanas, están acusados del crimen, pero nadie ha sido sentenciado. Tampoco se han identificado a todas las víctimas.
“La única certeza es que fue el crimen organizado”, acotó Javier Urbano, experto en migración de la Universidad Iberoamericana, dirigida por jesuitas.
Un sobreviviente de la masacre, de ciudadanía ecuatoriana, caminó 10 millas hasta un puesto de control militar y dijo que los migrantes habían sido transportados a un rancho, atados y con los ojos vendados, y que los mataron a tiros. Una segunda masacre ocurrió en la región en 2011, cuando hombres armados de Los Zetas sacaron a al menos 193 pasajeros de autobuses que pasaban por San Fernando, pensando que las víctimas eran rivales.
Diez años después, en el aniversario pendiente de la masacre, no se ha logrado concientizar al público, y las encuestas muestran que las actitudes en México hacia los migrantes que transitan por el país solo están empeorando. Los analistas también dicen que el gobierno mexicano no ha mostrado el mismo interés en resolver el caso que con otras atrocidades, como la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
“Cualquier asesinato o cualquier problema grave siempre termina en la impunidad porque la impartición de justicia en México es muy deficiente”, dijo Urbano. “Nadie quiere manejar un problema que sucedió en un gobierno anterior” a menos que sea políticamente útil, agregó. “San Fernando ya no es políticamente rentable. (Es) un caso que se resolverá algún día”.
En un video publicado el 19 de agosto por la Diócesis de Saltillo, el obispo Raúl Vera López denunció airadamente la falta de progreso en la masacre de San Fernando y expresó: “Lo más pasmoso es el inmovilismo del gobierno mexicano”.
También advirtió: “Si dejaremos en la impunidad estas cosas tendremos una sociedad descompuesta y nos alcanzará a nosotros”.
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