WASHINGTON – El presidente del comité de libertad religiosa de los obispos de Estados Unidos, calificó de “desalentador” que las nuevas reglas propuestas sobre el “Mandato Anticonceptivo” de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio eliminen las “protecciones por convicciones morales” de los empleadores que se oponen a ser obligados a cubrir los anticonceptivos en los planes de salud de sus empleados.
La propuesta fue emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés), el Departamento del Trabajo y el Departamento del Tesoro, y tiene como objetivo poner fin a las reglas de la era Trump, dando a los empleadores más capacidad para optar por no proporcionar cobertura anticonceptiva en sus planes de salud.
El Cardenal de Nueva York Timothy M. Dolan, quien encabeza el Comité para la Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos., dijo que la propuesta parece “retener la mayor parte de la exención religiosa existente”, pero señaló que, si las reglas propuestas se vuelven permanentes, permitir una exención por razones morales terminará.
“Ha pasado más de una década desde que el gobierno federal anunció por primera vez el mandato anticonceptivo del HHS”, dijo el Cardenal Dolan en una declaración reciente. “La versión de las regulaciones que se emitió en 2018 proporcionó protecciones apropiadamente claras y sólidas para el ejercicio de creencias religiosas y convicciones morales, libres de castigo del gobierno, y ha sido confirmada por la Corte Suprema”.
Pero ahora el HHS “propone enmendarlas una vez más. Ya es hora de que el HHS deje tranquilo este tema”, dijo el cardenal en un comunicado emitido por la USCCB el 30 de enero. El 2 de febrero, el HHS y los departamentos de Trabajo y Hacienda publicaron su regla propuesta en el Registro Federal, https://www.federalregister.gov.
La publicación de la propuesta abrió un período de comentarios de 60 días para que el público opinara. (El enlace directo para enviar un comentario es: https://bit.ly/3x4DtYE).
Estas reglas propuestas enmendarían las regulaciones con respecto a la cobertura de ciertos servicios preventivos bajo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio, que en general requiere que los planes de seguro de salud grupales o individuales “cubran ciertos servicios anticonceptivos sin costo compartido”, dijo el HHS en su resumen sobre los cambios propuestos.
“Las regulaciones actuales incluyen exenciones y adaptaciones opcionales para entidades e individuos con objeciones religiosas o morales a la cobertura de servicios anticonceptivos”, dijo, y agregó que, bajo las reglas propuestas, se rescinde “la exención moral”.
La administración Biden dijo que las nuevas reglas son necesarias para garantizar que las mujeres tengan acceso a “servicios anticonceptivos” después del fallo de junio de 2022 de la Corte Suprema de Estados Unidos en Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization. El fallo anuló la decisión Roe vs. Wade de la corte de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Con Dobbs, la potestad de decidir sobre el tema del aborto vuelve a los estados.
“Lamentamos que sea necesario volver a este asunto y presentaremos comentarios más completos al HHS en el momento apropiado”, dijo el Cardenal Dolan.
La administración Obama implementó por primera vez el mandato anticonceptivo como parte de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en 2012 para obligar a los empleadores a brindar a sus empleados cobertura anticonceptiva a través de sus planes de atención médica o enfrentar multas.
Uno de los desafíos judiciales más célebres a este mandato fue el litigio presentado contra el mandato por las Hermanitas de los Pobres con el argumento de que violaba los derechos de libertad religiosa de cualquier entidad católica que defendiera la enseñanza de la Iglesia contra el control de la natalidad, el aborto y la este-rilización.
Argumentaron que algunos anticonceptivos cubiertos por el mandato son abortivos o medicamentos que inducen el aborto, y algunos facilitan las esterilizaciones.
La orden religiosa, que atiende a los ancianos pobres en instalaciones de todo el país, finalmente prevaleció en la Corte Suprema de EE.UU. en julio de 2020, aunque el caso podría volver a la Corte Suprema nuevamente, según el bufete de abogados Becket con sede en Wa-shington que ha representado a las Hermanas en los tribunales.
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