por Jean Hill Directora de la Comisión de Paz y Justicia de la Diócesis Católica de Salt Lake City Traducido por Laura Vallejo
Conforme la sesión legislativa del 2014 se acerca, el gobernador Gary Herbert y los legisladores deberán considerar expandir el Medicaid en el estado a aquellos individuos que experimentan menos del 138 por ciento del nivel de pobreza (por ejemplo aquellas personas que ganan $16,000 dólares anuales o menos).
Durante meses los políticos y críticos han debatido el tema, cuidadosamente considerando las implicaciones económicas, de convicciones políticas y para las pólizas.
Para los católicos este tema no es nada fácil, pero lo vemos los principios de nuestra fe los cuales se enfocan en la dignidad del ser humano.
Nuestra iglesia anos enseña que cada ser humano debe de tener acceso a lo que es necesario para tener una verdadera vida humana: comida, vestido, salud, trabajo, educación, cultura y el derecho a formar una familia. Cuando esto no es accesible la función apropiada de la autoridad civil es hacerlos accesibles.
Esto quiere decir que el gobierno necesita poner de su parte para ayudar a Sophia, una madre soltera con diabetes.
Sophia trabaja de medio tiempo como recepcionista en una oficina dental. Al mismo tiempo se encarga de la educación de dos adolescentes.
Cuando el ex esposo de Sophia la quitó de su seguro médico, no tuvo más opción que pagar en efectivo tanto las visitas al doctor como sus medicamentos.
Tan sólo el costo de las medicinas era de $600 dólares mensuales. Sus papas la ayudaron financieramente, pero Sophia no podía cubrir los gastos de las medicinas por lo que dejó de llenar sus prescripciones frecuentemente, solo lo hacía de vez en cuando. Esa decisión la condujo a visitas de emergencia al hospital.
Sophia recibió Medicaid por un tiempo, pero recibió la noticia de que ya no calificaba cuando comenzó a recibir $800 dólares al mes. Debido a su condición médica no pudo encontrar seguro médico excepto uno con un costo de $650 dólares al mes.
Sophia es un ser humano que igual que todos merece acceso a los cuidados médicos. El gobierno de Utah no es el único responsable de sus cuidados médicos, pero forma un papel fundamental en ayudarla a tener acceso a los cuidados de salud. El expandir el Medicaid al nivel 138 de pobreza ayudaría a que Sophia tuviera acceso a los cuidados de salud incluyendo tratamientos preventivos para cuidar su diabetes y evitar los costos de una sala de emergencia.
Como lo demuestra el caso de Sophia, el proveer de tal cobertura a las personas sin seguro médico promueve el bien común un concepto fuertemente apoyado por las enseñanzas católicas.
Las visitas a la sala de emergencia de Sophia fueron pagadas por las personas con seguro médico. Similarmente cuando una persona sin seguro contrae una enfermedad contagiosa, esta persona no es la única en riesgo. Las personas sin seguro impactan grandemente a todas las personas en Utah.
El estado tiene la mejor posición para disminuir estos impactos ampliando la cobertura del Medicaid a las personas en Utah que no cuentan con otra opción.
Las enseñanzas católicas también sostienen que no debemos de hacer por los otros lo que ellos mismos pueden hacer. La expansión del Madicaid no quita la habilidad de las personas de encontrar seguro médico cuando estas son financieramente capaces. Sin embargo la expansión reconoce que a veces las personas no pueden cubrir sus necesidades básicas sin ayuda.
En esas ocasiones, el estado es la única organización que está en la posición de proveer opciones de salud accesibles asegurando los tratamientos para que las condiciones tales como la diabetes o los problemas cardiacos no se conviertan en amenazas de vida y potencialmente en más problemas costosos.
La expansión del Medicaid es una oportunidad para que el gobierno estatal llene la brecha entre la cobertura médica, en donde miles de individuos se encuentran
Proveyendo de cobertura de salud ayudará a que las personas de Utah eviten serias complicaciones de enfermedades tratables, permitiéndoles así ser ciudadanos más productivos.
Esta es una oportunidad para que el estado proteja la salud pública – una función primordial del gobierno estatal.
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